IRREGULARIDADES EN LA OFICINA JUDICIAL DE RAWSON PODRÍAN INTERFERIR EN EL PROCESO JUDICIAL
En abril vencen los plazos de la causa por la venta de la chatarra de Vialidad Provincial
En abril vencen los plazos de la causa por la venta de la chatarra de Vialidad Provincial
Por una mala notificación de la oficina judicial a los imputados por la causa conocida como la venta de Chatarra de Vialidad Provincial, la audiencia preliminar continuará el próximo 19 de abril. Esta causa, a entender del abogado del sindicato de Trabajadores Viales, Cristian Ayala, está sospechada por una serie de irregularidades desde que se hizo la denuncia hace más de cinco años.
Lo cierto es que la oficina judicial de Rawson que conduce el doctor Walter Flania volvió a notificar mal a los imputados, y aunque todo pareciera a propósito, la misma está a punto de expirar ya que los plazos para se caigan los tiempos legales de los tres años vence a mediados de mayo.
Lo cierto es que el 19 de abril continua la audiencia preliminar que se vino postergando y suspendiendo desde hace tiempo por los “errores inauditos de la oficina judicial y si el juez decide ese día elevarla a juicio oral y público es muy probable que no lleguemos con los tiempos”, indicó Ayala.
El abogado recordó que como el Ministerio Público Fiscal se apartó de la causa, el SITRAVICH tuvo que ser querellante siendo que el Superior Tribunal de Justicia entendió que no había elementos para que el Ministerio Público no se presentara a defender los intereses del Estado, “pero tampoco lo hizo la fiscalía de Estado, ni el presidente de Vialidad Provincial, la causa tuvo efecto cuando el sindicato se presentó en la oficina anticorrupción y esta presentó la denuncia penal que le costó la renuncia al entonces titular de esa oficina, Jorge Novarino por parte del gobierno de Das Neves”.
Ayala expresó que la causa conocida como la chatarra de vialidad es la primera en que es juzgada con el nuevo código procesal y que los imputados son el ex interventor de Vialidad Provincial, Julio Otero a quien se le atribuyó haber autorizado la apertura del depósito para el retiro del material en desuso, el ex jefe de la zona sur de Vialidad Provincial, Roberto Ferrazano y los pertenecientes a la ONG Red Patagónica del Trueque, Rubén Segura y Roberto Jaramillo que elaboraron un convenio con Vialidad Provincial para recibir ese material de rezago.
Perjuicio al Estado
El abogado Cristian Ayala está convencido que existen elementos suficientes en la investigación para probar que se actuó en perjuicio del Estado provincial, de hecho y algo que llamo la atención es que en un principio la investigación de la Fiscalía estaba muy bien orientada, y de repente cuando estaba todo para pedir el juicio, la causa se paró y la Fiscalía no acusó.
No dudan que hay una gran responsabilidad política en todo esto ya que uno de los acusados Julio Otero fue en ese momento la máxima autoridad en Vialidad Provincial, y se especula que por acción u omisión hay una responsabilidad porque no se controló, no se supervisó y además hubo abandono de los intereses del Estado en la causa.
Ayala dijo a El Diario que están convencidos que hay elementos suficientes para elevar la causa a juicio oral y público porque hubo una defraudación al Estado Provincial, “uno de los imputados, Julio Otero sigue siendo funcionario provincial y se han colectado las suficientes pruebas como para demostrar que han cometido un ilícito mediante un convenio fraguado que firmaron para beneficiarse con la venta de esa chatarra”.
Una venta a precio irrisorio
Cabe recordar que la causa se inicia en el año 2005 por la presunta defraudación contra el Estado provincial tras la venta de una gran cantidad de materiales, carrocerías, y otros elementos cuyo valor de mercado se estimaba en 93.600 pesos, los cuales fueron vendidos al irrisorio precio de 15.400 pesos.
Según consta en el expediente por el cual se tramita esta causa, se trataba de 390 toneladas de elementos entre los que se contaban por ejemplo 9 motores, 5 diferenciales, 12 llantas, 2 martillos neumáticos, 11 partes de chasis de maquinaria pesada, 31 motoniveladoras e incontables partes de las maquinarias que se utilizan habitualmente en la Administración de Vialidad Provincial.
La venta se habría realizado en forma directa sin ningún tipo de oferta pública ni de búsqueda de mejores ofertas de dinero por la cantidad de cosas que se vendieron, obviando todos los pasos legales previstos para los trámites de la administración pública provincial.
Se señaló que ese material de rezago no era todo chatarra, y se vendió como si fuera chatarra a precios muy bajos, cuando dentro de ese material existían elementos como partes de motoniveladoras que servían para poder sacar repuestos por ejemplo para las maquinarias que están en marcha y en uso.
Lo cierto es que la oficina judicial de Rawson que conduce el doctor Walter Flania volvió a notificar mal a los imputados, y aunque todo pareciera a propósito, la misma está a punto de expirar ya que los plazos para se caigan los tiempos legales de los tres años vence a mediados de mayo.
Lo cierto es que el 19 de abril continua la audiencia preliminar que se vino postergando y suspendiendo desde hace tiempo por los “errores inauditos de la oficina judicial y si el juez decide ese día elevarla a juicio oral y público es muy probable que no lleguemos con los tiempos”, indicó Ayala.
El abogado recordó que como el Ministerio Público Fiscal se apartó de la causa, el SITRAVICH tuvo que ser querellante siendo que el Superior Tribunal de Justicia entendió que no había elementos para que el Ministerio Público no se presentara a defender los intereses del Estado, “pero tampoco lo hizo la fiscalía de Estado, ni el presidente de Vialidad Provincial, la causa tuvo efecto cuando el sindicato se presentó en la oficina anticorrupción y esta presentó la denuncia penal que le costó la renuncia al entonces titular de esa oficina, Jorge Novarino por parte del gobierno de Das Neves”.
Ayala expresó que la causa conocida como la chatarra de vialidad es la primera en que es juzgada con el nuevo código procesal y que los imputados son el ex interventor de Vialidad Provincial, Julio Otero a quien se le atribuyó haber autorizado la apertura del depósito para el retiro del material en desuso, el ex jefe de la zona sur de Vialidad Provincial, Roberto Ferrazano y los pertenecientes a la ONG Red Patagónica del Trueque, Rubén Segura y Roberto Jaramillo que elaboraron un convenio con Vialidad Provincial para recibir ese material de rezago.
Perjuicio al Estado
El abogado Cristian Ayala está convencido que existen elementos suficientes en la investigación para probar que se actuó en perjuicio del Estado provincial, de hecho y algo que llamo la atención es que en un principio la investigación de la Fiscalía estaba muy bien orientada, y de repente cuando estaba todo para pedir el juicio, la causa se paró y la Fiscalía no acusó.
No dudan que hay una gran responsabilidad política en todo esto ya que uno de los acusados Julio Otero fue en ese momento la máxima autoridad en Vialidad Provincial, y se especula que por acción u omisión hay una responsabilidad porque no se controló, no se supervisó y además hubo abandono de los intereses del Estado en la causa.
Ayala dijo a El Diario que están convencidos que hay elementos suficientes para elevar la causa a juicio oral y público porque hubo una defraudación al Estado Provincial, “uno de los imputados, Julio Otero sigue siendo funcionario provincial y se han colectado las suficientes pruebas como para demostrar que han cometido un ilícito mediante un convenio fraguado que firmaron para beneficiarse con la venta de esa chatarra”.
Una venta a precio irrisorio
Cabe recordar que la causa se inicia en el año 2005 por la presunta defraudación contra el Estado provincial tras la venta de una gran cantidad de materiales, carrocerías, y otros elementos cuyo valor de mercado se estimaba en 93.600 pesos, los cuales fueron vendidos al irrisorio precio de 15.400 pesos.
Según consta en el expediente por el cual se tramita esta causa, se trataba de 390 toneladas de elementos entre los que se contaban por ejemplo 9 motores, 5 diferenciales, 12 llantas, 2 martillos neumáticos, 11 partes de chasis de maquinaria pesada, 31 motoniveladoras e incontables partes de las maquinarias que se utilizan habitualmente en la Administración de Vialidad Provincial.
La venta se habría realizado en forma directa sin ningún tipo de oferta pública ni de búsqueda de mejores ofertas de dinero por la cantidad de cosas que se vendieron, obviando todos los pasos legales previstos para los trámites de la administración pública provincial.
Se señaló que ese material de rezago no era todo chatarra, y se vendió como si fuera chatarra a precios muy bajos, cuando dentro de ese material existían elementos como partes de motoniveladoras que servían para poder sacar repuestos por ejemplo para las maquinarias que están en marcha y en uso.
